Infiltración policial, una práctica cotidiana

Fuente: La malhablada

¿Quién ordenó la infiltración de policías en la octava marcha indígena? ¿Será que es el único movimiento infiltrado por el gobierno? ¿En qué se diferencia este gobierno “del proceso de cambio” respecto a otros gobiernos de derecha?

Tenemos la certeza de que al menos dos policías se hicieron pasar por estudiantes universitarios, para unirse al grupo urbano que fue a apoyar a la octava marcha indígena, cuando la columna se encontraba bloqueada en Chaparina por un contingente policial y por colonizadores afines al MAS, para impedir su llegada a la ciudad de La Paz.

La presencia de la cabo Angélica Cáceres fue develada por los medios de comunicación y ante ese hecho, ya que como Mujeres Creando fuimos parte de la comisión que viajó hasta Chaparina para apoyar la lucha del TIPNIS, la ubicamos como la mujer que se hizo anotar como la estudiante de tercer año de la carrera de Comunicación Social de la UMSA Angélica Cazas, quien además estuvo acompañada de manera permanente con otro supuesto estudiante de Comunicación que dio el nombre de Joaquín Alarcón.

Condenamos la presencia de esta y de este infiltrado, quienes seguramente cumplían órdenes. Esto, sin embargo, no los exime de la responsabilidad de esa tarea de espionaje a un movimiento que, al margen de ser indígena, tiene una demanda concreta y legítima, que es la protección de su territorio, a partir del rechazo a la construcción de una carretera que solo servirá y beneficiará a ciertos intereses.

La infiltración fue realizada por la Policía, pero ¿quién le da órdenes a la Policía? Supuestamente el Ministerio de Gobierno, que en septiembre del 2011 estaba dirigido por Sacha Llorenty. Sin embargo, este no es un gobierno de “librepensantes”, como dejó muy en claro el mismo presidente Evo Morales. Entonces esa orden, así como la orden de reprimir a la marcha, de la manera brutal como lo hicieron, no puede ser la ocurrencia de algún funcionario de rango intermedio. Ese tipo de órdenes emanan desde lo más alto de la estructura del poder.

El reconocimiento del ministro de Gobierno, Carlos Romero, de que efectivamente Cáceres era una infiltrada de la Policía y la supuesta molestia de Evo Morales, quien dijo que hay policías que buscan enfrentar y generar desconfianza, no es más que otro intento de deslindar responsabilidades y de lavar su imagen de cara a la población, mucho más en un momento que ya es preelectoral.

Sin embargo, los hechos demuestran su práctica policíaca y persecutoria de las organizaciones, grupos y personas que cuestionan el accionar del gobierno. Disentir es un derecho que ahora está criminalizado, como lo estuvo en gobiernos autoritarios, golpistas. Es más, como nunca antes, el gobierno opera a través de sus militantes infiltrándolos en todos los movimientos sociales para dividirlos, para incitar la violencia, para cooptarlos, para vigilarlos, para vigilarnos…

La demanda de que se investiguen las infiltraciones, para saber cuántos y quienes eran las y los infiltrados, puede ser legítima; sin embargo, ¿quién realiza esas investigaciones? ¿A quién envían los reportes? ¿Quién, finalmente, da a conocer los resultados? El Ministerio Público es parte del Órgano Judicial, que ya ha dado muestras contundentes de su parcialidad, como cuando le dieron luz verde a la reelección de Evo Morales. Entonces qué legitimidad puede tener su actuación, si además a diario somos testigos de la impunidad que impera en todo el aparato estatal.

No obstante, las investigaciones sí tienen que realizarse para establecer los grados de responsabilidades de la cabo Cáceres y de otros infiltrados, del Comando de la Policía, del Ministerio de Gobierno, de la Vicepresidencia y de la misma Presidencia, pero solo la participación de los movimientos y las organizaciones legitimaría de alguna manera una investigación que, a todas luces, está viciada. Pero al menos quedaría para la historia el accionar del gobierno.

Es fundamental entonces la participación de las y los indígenas que defienden sus territorios, de las organizaciones de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo y de los movimientos, grupos y personas comprometidas con la defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), teniendo cuidado, empero, de partidos políticos, del MSM en particular, que pretenden ganar réditos con esta lucha.

Por otro lado, el argumento de la defensa de los dirigentes indígenas, acusados de un supuesto “secuestro” del canciller David Choquehuanca, en sentido de que la cabo Cáceres instigó u organizó esa acción, carece de lógica, porque, por un lado, ratifica la versión gubernamental de que efectivamente hubo un “secuestro”, lo cual no es cierto, y por otro lado, es incluso un menosprecio al protagonismo y a la iniciativa de lucha de las dirigentas indígenas, que fueron quienes propiciaron un cambio cualitativo en ese momento, cuando la columna de la marcha se encontraba bloqueada.

Las tres integrantes de Mujeres Creando, que estábamos en ese momento, fuimos testigos de que las mujeres indígenas tomaron la iniciativa, sobre todo ante la falta de agua, de pedir al Canciller que camine con ellas para que él ordene a la Policía que deje pasar a las y los marchistas.

El caos que se originó en ese momento se debió a que las y los marchistas se dieron cuenta de que esa podía ser su oportunidad para pasar el cerco policial. El momento también fue aprovechado por Cáceres para mimetizarse entre las indígenas y, probablemente, ganar su confianza jaloneando a Choquehuanca. Sin embargo, fueron las mismas indígenas las que lo hicieron soltar, sobre todo cuando un indígena lo sujetó del cuello de su polera: “así no compañero”, le dijeron. Lo sabemos porque estuvimos ahí.

Decir que la cabo Cáceres fue parte de la planificación del apoyo urbano a la octava marcha indígena y que estuvo al tanto de todo, es otra afirmación sin fundamento, primero porque quienes organizamos ese respaldo desde la ciudad tenemos una trayectoria histórica de lucha y de propuestas políticas, conocemos sobre los movimientos que existen y además sabemos cómo relacionarnos con personas desconocidas que, de un momento a otro, se “brindan” para formar parte de estas iniciativas políticas.

Las “reuniones” donde ella participó fueron abiertas y netamente de coordinación de tareas de la cotidianidad, como por ejemplo ocuparse de la limpieza.

En concreto, está claro que el gobierno tiene una política sólida de injerencia e infiltración a los movimientos sociales, es responsable de la vulneración de una larga lista de derechos, es responsable de todos los actos policiales y militares, y si utilizan como excusa que se rompió la cadena de mando, también eso es responsabilidad del gobierno. Por ello, decir que la infiltración es una labor propia de la Policía, como lo indicó Romero, es una confirmación de que vivimos bajo el mandato de un gobierno represor y autoritario.

Ante ello nosotras ratificamos nuestro derecho a organizarnos, a desenmascarar a los poderosos de derecha, de izquierda o indigenistas que carecen de ética a la hora de administrar su poder; a cuestionar y rechazar la criminalización de la protesta, la infiltración en los movimientos sociales, la intención de uniformizar el pensamiento, y nos posicionamos en defensa de los derechos humanos y de la vida.

 



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