URGENTE...

22/01/2014

María Galindo
Mujeres Creando

Presentarse en el hospital policial el día de la muerte de la cadete Poma y entrevistar a las otras estudiantes con moretones que estaban hospitalizadas; afirmar que su muerte debe ser investigada, porque su asma no es una justificación para morir en un entrenamiento; señalar cada una de las violaciones de los derechos humanos cometidos por la Policía Boliviana o las Fuerzas Armadas.
Iniciar una investigación sobre lo que realmente ha sucedido y sucede en Apolo y no contentarse con lo que ha contado el viceministro Pérez, ni creer en sus lágrimas de cocodrilo. 

Tener un informe sobre la represión en Chaparina y concluir que allí ha habido violación de los derechos humanos.  Expulsar a Sacha Llorenti. 

Y mantener la investigación sobre los jóvenes muertos en Caranavi, ésas son, entre otras prácticas, lo que hoy el Gobierno del Movimiento Al Socialismo le está cobrando a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

Ése es el motivo, y no otros, por el cual sus oficinas están vigiladas por la Policía, además de agentes de civil, seguramente enviados por el Ministerio de Gobierno. 
Atreverse a decir que actualmente en el Gobierno del MAS, por mucho que nos duela, hay violación de los derechos  humanos es lo que lleva a generar una supuesta división interna para terminar de quebrar también esta organización.

El Gobierno cree que con ocupar la sede, con hostigar a las militantes de los Derechos Humanos, acabará también con esa voz. Lo que no dimensiona el Gobierno es que no se trata  de una voz de disidencia. 
Acá no se trata de estar o no de acuerdo, se trata de denunciar, de investigar y de desmentir al Gobierno, y es eso lo que quieren impedir. Allí está la fortaleza. 

En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz no se está hablando sobre supuestos ideológicos, sino sobre hechos concretos que deben ser investigados o sobre casos concretos, cuyas investigaciones ya han sacado graves conclusiones.

Sacha Llorenti puede conducir el G77, pero no puede entrar a la Asamblea, eso es lo que los irrita. Ese grupo de mujeres guarda, no en el edificio, sino en su práctica, la memoria de la represión en Chaparina. 
La Central  Obrera Boliviana, la organización de mujeres indígenas Bartolina Sisa o la Confederación de Campesinos Túpac Katari podrían acabar constituyéndose en garantes del intento gubernamental de destruir la Asamblea Departamental de Derechos Humanos y, a través de ella, la destrucción de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a nivel nacional.

Esas  organizaciones construidas desde el esfuerzo histórico del movimiento popular están tomadas por el masismo, pero únicamente en sus cúpulas, y ellos mismos lo saben. 

Personalmente -y les paso el dato- estoy prácticamente convencida de que no lograrán hacerlo, porque la solidez y las profundas convicciones de muchas de las integrantes de la Asamblea son una barrera invisible contra la cual el Gobierno no tiene capacidad alguna de actuar. 

Pueden tomar el edificio, pero la Asamblea no es el edificio, pueden apoyar a una fracción de masistas para que simulen ser la Asamblea de Derechos Humanos, pueden concederles infinitas, aburridísimas y nada periodísticas entrevistas de televisión entre sus múltiples medios, pero no podrán aniquilar las prácticas de estas compañeras, no podrán confundir a la población a tal extremo, porque basta una sola intervención policial para que las cosas queden de inmediato claras y todos y todas nos demos cuenta de quién está del lado de quién. 

María Galindo

 

Fuete: Página Siete


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